Medidas económicas estatales distan de ser suficientes
El COVID-19 da miedo, la situación económica da angustia. El temor de la pandemia se ha vuelto tan cotidiano, que nos ha regalado el mínimo de claridad mental para pensar en el terror de la crisis económica que se dibuja en el horizonte. Hay un terremoto en la salud mundial y debemos resguardarnos, pero sin dejar de pensar en el tsunami financiero y laboral que viene en camino.
Ante ese panorama, los gobiernos del mundo han actuado con medidas económicas contra-cíclicas, que no es sino otra forma de llamarle a medidas para rescatar la economía del ciclo de crisis y parálisis.
Las medidas contra el ciclo de la recesión siempre consistirán (no importa quién sea nuestro economista favorito) en inyectar dinero a las familias (para mantener la demanda), dar créditos a las empresas (para que la planta productiva no colapse) y apostar por inversiones públicas estratégicas (para reactivar el ciclo económico, llegado el momento). Los matices pueden ser distintos, pero la lógica general es la misma.
Japón ha invertido en medidas contra-cíclicas el 21.1 por ciento de su Producto Interno Bruto; Estados Unidos el 11 por ciento de su PIB (algo así como 2.3 billones de dólares, casi el doble del valor total de la economía mexicana), Francia el 5 por ciento, Alemania el 4 por ciento, Italia el 1.4 por ciento, Argentina el 1.2 por ciento. México ha sido la excepción, pues sus medidas económicas ante la pandemia y la inminente crisis económica valen apenas el 0.70 por ciento del PIB. Por lo pronto, no hay rescate económico mexicano en puerta, ni decisión de reactivar la economía en serio.
En Yucatán el gobierno estatal decidió tomar un papel proactivo y lanzó su paquete de medidas económicas ante la crisis del COVID-19. El valor total de esas medidas estatales es de alrededor de mil 500 millones de pesos, suena bastante, ha tenido un amplio impacto, pero dista -de verdad mucho- de ser suficiente.
El PIB de Yucatán es de aproximadamente 330 mil millones de pesos, así que el valor del paquete de rescate que el Poder Legislativo local le ha permitido poner en marcha al gobernador es de apenas 0.45 por ciento del PIB estatal, un porcentaje incluso inferior al tan criticado paquete nacional. Si el gobierno federal está dando casi nada -en comparación con otros países- al gobierno estatal lo han obligado a dar menos.
El plan original del gobierno estatal era diseñar medidas contra-cíclicas por un poco más de 3 mil millones de pesos, alrededor del 1 por ciento del PIB estatal. Los recursos extra hubieran y seguirían haciendo diferencia, si el Congreso local los hubiera autorizado, pero se quedan cortos sin el supuesto de un paquete económico contra-cíclico enviado desde la federación.
Si Yucatán quiere tomar su destino económico, productivo y de generación de empleo en sus propias manos, las cifras y la profundidad de las medidas deben ser de otro orden de magnitud financiero y, especialmente, de otro calado político.
Los mil 500 millones que ya se invirtieron en el seguro de desempleo, en apoyos a familias y empresas, deben ser acompañados de recursos todavía más amplios para que la economía yucateca se reactive a través de obras públicas de infraestructura, créditos y recursos directos de fomento económico al sector privado y, especialmente, al social. El monto correcto, salvo que se quiera seguir rezando porque alguien venga a rescatar la economía estatal, podría ser cercano al 1.5 por ciento del PIB.
Un paquete de reactivación económica del 1.5 por ciento del PIB sería comparable a los paquetes de rescate en Italia y Turquía, si pensamos en naciones con economías similares a las que esperamos tener en Yucatán en una generación. Estamos, pues, hablando de entre 5 y 6 mil millones de pesos de esfuerzo total entre el sector público estatal y municipal, el sector privado y el sector social, incluso algún apoyo marginal y complementario desde la federación.
La disyuntiva es muy clara: hacer nada, hacer lo insuficiente y perder una oportunidad histórica para que el estado despegue definitivamente en lo económico y se transforme en lo social o invertir en el futuro, construyendo los puentes económicos que las familias y empresas necesitan, mediante los puentes políticos, legislativos, administrativos y operativos que liberen y permitan obtener recursos y créditos públicos.
Esta generación de gobernantes, políticos y líderes tiene la oportunidad de hacer una inversión para que el estado no pierda el paso y el bienestar social, humano y hasta ecológico llegue -por fin- a quienes lo han esperado por décadas en la marginación, la exclusión y la devastación. Claro, también los grupos al mando, en la más obsoleta jerarquía y miopía social, pueden perderse en el cálculo egoísta simplón esperando a que otro haga algo, que otros corran los riesgos, que otros nos rescaten para ellos o ellas cobrar luego los platos rotos.
Ya se ha demostrado que existe la audacia para tomar las medidas que la economía estatal requiere, hace falta ver si esa audacia será acompañada de habilidad y generosidad para construir sólidamente un frente amplio, un cuerpo que incluya a todas y todos -no sólo los de siempre- para que la circunstancia de una crisis imprevisible no rompa con planes sociales y económicos que -sin ser perfectos- estaban funcionando y creando oportunidades colectivas. Ya veremos si la política es parte del ciclo de la crisis o de la solución.
Nota: cálculos realizados con datos del Fondo Monetario Internacional y Púrpura Analytics.
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